Transformación cultural frente a las limitaciones del “Estado de derecho”

Imagen de mentesalternas.com

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El “Estado de derecho” no ha resuelto nuestros problemas de delincuencia y violencia, ni lo hará.

Es necesario, pero insuficiente. Mientras la cultura mexicana siga romantizando el crimen, normalizando la violencia y tolerando la idea de que romper la ley no tiene consecuencias, el “Estado de derecho” seguirá siendo una promesa vacía.

El derecho no es solo un conjunto de normas, sino un fenómeno cultural, un sistema de significados, creencias y prácticas que reflejan cómo entendemos la convivencia.

Algunas organizaciones civiles saben que la legalidad se construye en lo cotidiano, y lo cotidiano es la expresión más directa de la cultura. Es decir, el enfoque excesivo en el “Estado de derecho” nos impide ver otras dimensiones igual de importantes para entender nuestros problemas y sus posibles soluciones.  

Tal como lo advierte Ernesto López Portillo, el “Estado de derecho” es una promesa que se repite tanto que ya nadie cree en ella, pero se sigue usando como símbolo de legitimidad. Es más como una expectativa emocional, que una realidad racional. Esa disonancia entre discurso y realidad, genera desgaste social. 

No se trata solo de crimen, violencia, leyes e instituciones, sino de símbolos, valores, lenguaje, estética, narrativas y estilos de vida que se han vuelto tolerables, incluso deseables.

La ley puede castigar el delito, pero no reconfigurar lo que la sociedad considera “éxito”, no rompe con el glamour del crimen ni transforma imaginarios. Si el narcopolítico y el criminal son referentes aspiracionales, la ley se vuelve irrelevante frente a la promesa de estatus. 

¿Qué necesitamos entonces?

Una transformación cultural radical. Desmitificar el crimen y el éxito criminal, educar en la legalidad en espacios comunitarios, fomentar narrativas alternativas a la narcocultura y proponer nuevos referentes aspiracionales que no dependan del delito.

El crimen y las violencias no se arreglan con “Estado de derecho”, si no va acompañado de una cultura que lo respalde.

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Teotihuacán: el odio político y la banalización de la tragedia

Elaboración propia

X (Twitter): @LuisRa_Crimi

La tragedia en Teotihuacán –un sujeto disparando contra turistas en la pirámide de la luna– ocurre en un país donde la política lleva años sembrando odio.

Durante casi 8 años, los presidentes de México han salido todos los días a decirle a los mexicanos a quién deben odiar, fabricando enemigos, sembrando resentimiento en las personas. Se trata de una narrativa marcada por la xenofobia –principalmente contra la nación española–, la polarización política, la intolerancia por pensar distinto y el dogmatismo de “izquierda”. Hace años este discurso habría sido condenado como crimen de odio, pero hoy se legitima como política pública.

Es lamentable que la reacción social oscile entre la crítica política y la minimización de los hechos. Podemos encontrar desde: “Es lo que consigue un gobierno que fomenta el odio”; obsesión sobre la forma de hablar del agresor: “así no habla un mexicano”; y la preocupación por el Mundial de fútbol que se llevarán a cabo en el mes de junio en el país: “la gente no debería venir al Mundial”, “¿Y así quieren traer más gente al Mundial?”, “No estamos listos para recibir un Mundial”, “La FIFA debe quitarles el Mundial”, etc. 

La inquietud sobre la indiferencia de los mexicanos frente a las violencias existe, sin embargo, hasta el momento no he leído que se enfatice en que llevamos varias décadas sumergidos en la violencia, que hay generaciones que no conocen un México distinto o sobre nuestra irresponsabilidad social. 

Cuando se habla de violencia en México, jamás se alude a la sociedad o la cultura. Sí, somos mexicanos los que sufrimos los efectos de las violencias, pero también son mexicanos los que la ejercen, la aceptan, la desean, la glorifican y la banalizan. 

¿Qué podemos hacer?

La propuesta de mi proyecto es: 

• Hablar de estos temas con sinceridad; dejar de lado el discurso victimista que bloquea el debate y nos impide profundizar en los fenómenos; aceptar que somos una sociedad muy violenta, pero que quiere cambiar.
• Desmontar las narrativas que diluyen la responsabilidad ciudadana y nos llevan por propuestas que son un fracaso en la práctica.
• Apostar por una transformación cultural que acompañe al marco jurídico. No podemos entender la violencia sin eludir a la cultura. La academia y sociedad civil deben reconocer que sin un cambio cultural, ninguna reforma estructural será suficiente.

Teotihuacán es síntoma de un discurso político que legitima el odio, el homicida es el reflejo de esa narrativa, lo preocupante es la respuesta social entre la crítica, el espectáculo y la banalización de la tragedia. 

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Autoridad performativa: la crisis de credibilidad de los expertos

Imagen de Yes But

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Si cuando te enfermas recurres a un médico ¿Por qué en temas de crimen y violencias se consulta a cualquiera, menos a un criminólogo? 

En 2017, The Guardian advertía que la posverdad pondría en riesgo el debate público; el debilitamiento de la evidencia científica y la cultura del experto, daría fuerza a los discursos simplistas y emocionales.

En la actualidad, la autoridad ya no se legitima por la formación académica, la experiencia o el uso de datos, sino por la capacidad de generar impacto emocional y viralidad en redes sociales.

Algunos personajes mediáticos construyen autoridad por performance discursivo: tono categórico, frases simplistas, metáforas virales, etc.

La autoridad performativa es la capacidad de ejercer influencia, validada a través de la eficacia del espectáculo, donde la emoción y el escenario sustituyen a la evidencia y al conocimiento.

Esto nos ha llevado a una sociedad que privilegia la opinión de “influencers” “todólogos” con autoridad performativa, por encima del conocimiento especializado. 

Las consecuencias son discursos y políticas públicas basadas en slogans y ocurrencias; una ciudadanía atrapada en frases emocionales, sin bases críticas, polarizada, en conflicto; reproducción de estigmas y soluciones fallidas, etc.

Un ejemplo muy claro es la narrativa de “atender las causas” del crimen y las violencias; se repite en columnas, entrevistas, programas y opiniones porque suena atractiva, parece razonable, ofrece una respuesta rápida y definitiva, pero termina siendo rancia, simplista –al adjudicar todo a la pobreza– y un fracaso documentado en la práctica.

La criminalidad y las violencias son fenómenos complejos en los que intervienen elementos individuales –bio-psico-sociales–, estructurales –económicos, políticos–, culturales –narcocultura, glorificación, normalización–, situacionales, etc., en consecuencia, su prevención requiere un abordaje multidimensional.

En la era de la posverdad, se puede mentir sin consecuencias: basta una actitud tajante, una metáfora simplista disfrazada de filosofía y hasta un insulto para ganar autoridad performativa.

El número de vistas, los likes y los suscriptores, miden la popularidad y alcance, no la veracidad y calidad de la información. Las redes sociales tienden a potenciar contenidos que generan interacciones rápidas, beneficiando a las noticias falsas.

Ante tales riesgos, urge reivindicar la necesidad de escuchar a los expertos. En los últimos meses, he venido señalando cómo  la academia en Criminología y los criminólogos, han quedado marginados en el debate público, en parte por la posverdad y la autoridad performativa y también por la manera en la que se ejerce la disciplina. 

Sin embargo, la Criminología, con todas sus oportunidades de mejora, puede ofrecer diagnósticos más completos y propuestas más eficaces que un TikTok sobre “materialismo histórico” con millones de vistas.

Así como no confiarías tu salud a un “influencer”, no deberíamos confiar la política criminal a la posverdad.

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Desaparecidos en México: del fetiche por los datos a la crisis humanitaria

Imagen de Prensa Ibero Mx

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Los desaparecidos no comenzaron con Morena, pero con ellos el problema se agravó, López Obrador duplicó las cifras de Felipe Calderón; y ahora, la administración de Claudia Sheinbaum no solo acumula un número alto de desaparecidos en poco tiempo, sino que además intenta reducir artificialmente las cifras, minimizar su responsabilidad y construir una narrativa que genera indignación social. 

En este contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió llevar la crisis de México a la Asamblea General. La respuesta del gobierno fue muy tajante al desestimar el informe y calificarlo de “parcial y sesgado”.

El miedo es evidente, ya que llevar el problema a la asamblea implica reconocer formalmente una crisis de derechos humanos. Que políticos, militares y policías sean señalados por omisión, encubrimiento o participación. Escalar el caso a la Corte Penal Internacional. Afectar la imagen internacional del país, pero principalmente perder las elecciones intermedias y federales en el futuro.  

Aunque ONU tiene intereses, financiamiento y programas que se benefician de visibilizar estos problemas, reconozco que el gran aporte de su informe es que obligó a nuestras instituciones a reconocer la crisis en términos humanos. 

Tanto gobierno, como sociedad civil y academia redujeron la crisis a estadísticas. Sí, los datos son necesarios, pero no deberían ser el objetivo final. Obsesionarse con los números invisibiliza la dimensión humana y política, empobreciendo la discusión interna, misma que estaba ganando el gobierno. 

La crisis de desaparecidos exige ir más allá de los datos, para que el debate interno pueda sostenerse de manera crítica y constructiva, sin necesidad de intervención externa.

El problema nunca fue la precisión numérica, sino la crisis humanitaria. Enfrentarla exige vigilancia crítica y sostenida al gobierno y sus próximos pasos. 

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La crisis de representación de la Sociedad Civil Organizada

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), señalando incumplimiento de requisitos técnicos. 

Sin embargo, a pesar de la preocupación expuesta por algunos representantes de OSC, periodistas y académicos, la sociedad no ha expresado descontento, no hubo marchas ni reclamos en las calles, lo que me llevó a preguntarme: ¿Qué papel han jugado realmente estas organizaciones en la vida pública del país? 

Las OSC son fundamentales para la democracia al participar en la vigilancia de la gestión pública, durante años se han presentado como la “voz de la sociedad” con el objetivo de atender diversas problemáticas –corrupción, pobreza, desigualdad, violencias, seguridad–.

Sin embargo, los resultados han tenido poco impacto y en lugar de ser motores de cambio, se han convertido en grupos burocráticos que conversan únicamente con el gobierno, sin escuchar ni representar realmente a la ciudadanía.

En mi experiencia profesional he visto como algunas OSC funcionan como negocios familiares, en donde el consejo consultivo está formado por parientes y cómo sus mediciones carecen de rigor metodológico, generando encuestas con muestras no representativas, presentadas como si fueran estudios nacionales, etc., las cuales pretenden sustituir o complementar a las estadísticas oficiales. 

Las OSC han replicado la misma lógica del gobierno en sus informes y estadísticas, creyendo que la evidencia bastaba para obligar al poder a actuar. Hoy sabemos que esos datos ni se usan, ni presionan, ni cambian nada. El verdadero riesgo no es que las organizaciones desaparezcan, sino que sigan existiendo sin representar a nadie. 

Incluso las voces más visibles de las OSC reconocen que su capacidad de incidir en el poder se ha debilitado. Pero lo que rara vez mencionan es que tampoco han logrado incidir en la sociedad. Publicar informes no es rendir cuentas, y hablar de presión al gobierno no es lo mismo que representar a la ciudadanía. Por eso, cuando el SAT les revocó privilegios fiscales, nadie salió a defenderlas: porque en el fondo, muchos no nos sentimos representados por ellas.

La revocación del SAT no es sólo un castigo administrativo, es evidencia de la distancia que hay entre las OSC y la sociedad. Esa distancia nos obliga a imaginar nuevas formas de organización ciudadana, horizontales y transparentes, que construyan legitimidad desde la vida cotidiana y no desde los privilegios fiscales.

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Ausencia ciudadana y cultura de violencia

Imagen tomada de Xinhuanet

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Maria Elena Morera plantea una idea inquietante: ¿Qué ocurre cuando una sociedad empieza a quedarse sin ciudadanos? Este planteamiento me llevó a formular una pregunta propia: ¿Cómo se relaciona la falta de ciudadanía con la cultura de violencia?

Para María Elena, la democracia se vacía de contenido: sin ciudadanos activos, críticos, participativos, las instituciones abandonan sus obligaciones, dejando a los ciudadanos sin respaldo.

El abandono institucional debilita el capital social y erosiona la confianza, reduciendo la cooperación ciudadana. Y una sociedad que coopera menos, tiende a ser más violenta.

La cooperación no solo ha sido el motor del progreso humano, también regula los conflictos a través de reglas de convivencia compartidas. Cuando la cooperación se deteriora, no solo perdemos la capacidad de prosperar, también perdemos la capacidad de contener la violencia. 

La cooperación no solo regula nuestras diferencias, también moldea la cultura. En la medida en que hemos aprendido a cooperar, hemos creado instituciones, símbolos y normas que canalizan la agresión y la transforman en convivencia. Pero cuando la cooperación se deteriora, emergen otros símbolos, valores y estilos de vida que se vuelven tolerables, incluso deseables.

La cultura se adapta a la desconfianza: proliferan narrativas de narcocultura, se normaliza la violencia y poco a poco sustituye los caminos tradicionales de convivencia –respeto a las normas, estudiar, trabajar, movilidad social– reduciendo nuestra capacidad de imaginar alternativas para salir. Tal como lo sugiere la  de Maria Elena, concebimos imposible que un niño en México camine solo de su hogar a la escuela, mientras en Zúrich o Japón sí sucede.

En este sentido, la violencia es el resultado de la combinación entre la agresividad con la cultura, y la falta de ciudadanía abre la puerta para que esa cultura de violencia prolifere. De ahí la urgencia de reconstruir la presencia ciudadana.  

Recuperar el espacio social exige hacernos más preguntas, discutirlas y trabajar en equipo para encontrar soluciones compartidas.

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Criminología contemporánea: espejo del fracaso político y social en la región

Elaboración propia

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La designación de los cárteles de la droga como “grupos terroristas” fue un golpe de realidad, mientras la academia discutía tecnicismos para demostrar que este término no era correcto, la política fue pragmática. Ese episodio es el espejo de lo que ocurre hoy con la Criminología “contemporánea”. 

El derrumbe de referentes de izquierda y el ascenso de políticos de derecha –casos recientes como la caída de Nicolás Maduro o el triunfo de José Antonio Kast– muestran que la ciudadanía está enviando un mensaje claro de rechazo. No sólo al discurso político, sino también a las disciplinas que se niegan a leer la realidad y que no ofrecen soluciones tangibles.

La Criminología “contemporánea” es el remanente de la Criminología crítica de los 70’s –basada en ideas de izquierda–, la cual se aferra a un discurso incapaz de responder a las demandas ciudadanas. Mientras la izquierda se derrumba en la región, la academia se repliega en debates internos y burocracia, ignorando la urgencia de leer el contexto sociopolítico actual. 

El caso de Chile es muy ilustrativo: durante la campaña electoral, una investigadora difundió textos que glorificaban el papel de la izquierda en la prevención del crimen –como si la academia pudiera orientar el voto ciudadano–, el resultado fue el triunfo de Kast. En una entrevista posterior, la investigadora parecía más preocupada por la nueva administración que por la desconexión de su propio discurso. Y si en Chile la academia se mostró miope, en México es invisible. 

La reciente convocatoria de Estados Unidos a países del continente para frenar el narcotráfico, dejó fuera a las 3 dictaduras –Cuba, Venezuela, Nicaragua– y a los 3 populismos de izquierda –México, Colombia y Brasil–. Es otra metáfora fuerte: así como esos países quedaron fuera de la mesa, la Criminología “contemporánea” también está fuera de los planes de quienes deciden.

Y lo que resulta más inquietante: si los gobiernos de izquierda han sido señalados por su cercanía con el crimen organizado, ¿qué ocurre con una Criminología que legitima esos regímenes? En redes circula la idea de los “narco intelectuales”: quienes normalizan o minimizan la violencia del crimen organizado.

La Criminología “contemporánea” no sólo se vuelve irrelevante, corre el riesgo de convertirse en cómplice simbólico del crimen organizado, cuando promueve ideologías como si fueran la solución definitiva a nuestros problemas de criminalidad y violencias. 

La Criminología no puede seguir refugiándose en la teoría: debe salir de la comodidad académica y asumir el desafío de la coyuntura política y social junto con la sociedad. 

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La violencia no se soluciona con Excel

Elaboración propia

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Como lo ha venido haciendo de manera periódica, el gobierno mexicano presentó su informe sobre seguridad, el cual presume una baja del 25.3% de homicidios dolosos pero, ¿Qué significa realmente esa reducción?

Paralelamente, existen fuertes indicios de que las autoridades están reclasificando homicidios dolosos como culposos y “otros delitos contra la vida”, a fin de reducir artificialmente las cifras y crear la falsa percepción de que la seguridad está mejorando rápidamente.

Cuando las cifras oficiales muestran una reducción, pero los indicios apuntan a reclasificaciones y omisiones ¿Qué estamos celebrando realmente?  

El fetiche por los datos, la narrativa numérica y el lenguaje técnico, no es exclusivo del gobierno. Sectores sociales y académicos reproducen esta lógica estadística sin cuestionarla, generando sus propios informes, gráficas y papers, que no conectan con la experiencia humana.

Una gráfica puede mostrar menos homicidios, pero esto no significa que haya menos miedo, menos dolor, menos impunidad. 

La violencia no se soluciona con Excel, sino con justicia y vínculos que nacen del afecto, el territorio y la cultura.

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¿Qué hacer con los narcocorridos?

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El 22 de febrero cayó el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un escenario nacional de violencia y destrucción, aunque esto está lejos de representar el final del cartel o del crimen organizado y sus actividades, al contrario, se pronostica fragmentación y un proceso violento en el reacomodo de poderes criminales. 

Análisis políticos y repartición de culpas sobre el tema sobran en las redes, sin embargo y para mi sorpresa, un día después de estos hechos se ha venido desarrollando una discusión acerca de la narcocultura y expresiones artísticas como el narcocorrido, discusión que ni políticos, ni analistas, ni la academia han capitalizado.

Quienes defienden a los narcocorridos lo hacen de manera muy simplista y sin dar argumentos: la culpa no es de los narcocorridos.

Quienes los critican de igual manera presentan limitaciones y caen muchas veces en el estigma: la culpa es de esa música, de sus intérpretes y de la gente que la escucha.

Es más fácil decir que “no es culpa de la música” que enfrentar la complejidad de cómo la cultura y el crimen se retroalimentan. 

Es obvio que el crimen organizado no nace de la música, pero los narcocorridos sí son parte del ecosistema cultural que lo sostiene y legitima.  

En general se desconoce y/o se menosprecia el poder de los narcocorridos para deteriorar el tejido social, aunque también pueden ser un espejo de realidades existen evidencias de que este género musical influye de manera negativa en las aspiraciones de los jóvenes e incluso los grupos criminales los usan para reclutar personas, etc.

Tampoco se trata de censurar o estigmatizar.

Rechazar culturalmente a los narcocorridos pueden generar la presión suficiente para que:

• Gobiernos actúen con políticas más sólidas.
• Comunidades se organicen en torno a alternativas culturales.
• La industria musical se vea obligada a diversificar narrativas.

Algunas vías de contrapeso pueden ser:

• Producción cultural alternativa
• Educación crítica
• Política Pública sostenida 
• Narrativas contrahegemónicas

Un día después de los hechos de violencia en el país, los mexicanos demostraron con calles vacías y suspensión de clases en las escuelas, que no están tan cómodos con la narcocultura. Si de verdad queremos un cambio, debemos transformar radicalmente la forma en la que simbólicamente nos relacionamos con el crimen organizado. 

Los narcocorridos no son la causa del narcotráfico, pero sí son parte del problema, y enfrentarlos culturalmente es parte de la solución.

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Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): 15 años midiendo el fracaso.

Elaboración propia

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Desde hace 15 años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, mide las experiencias de victimización delictiva que afectan a la población, la no denuncia y opiniones sobre diversos temas de seguridad, violencias, corrupción, etc., con una de las encuestas más robustas del mundo.

Y sin embargo, cada año, nada cambia. 

No se trata de un problema metodológico, el problema es político.

No hay evidencia pública de que los datos se usen más allá del mundo académico, no sabemos qué autoridad, dónde, cuándo y cómo se usa la información, si es el caso, para diseñar políticas de seguridad, no hay política pública que los tome en serio. 

Contrario al discurso político, los resultados de la edición 2025 nos dicen que la cantidad de víctimas del delito aumentó, se cometieron más delitos, las personas se sienten más inseguras, se denunció menos, etc. 

Estos datos son la fotografía del fracaso de las políticas de seguridad del gobierno. 

México tiene una encuesta de victimización muy confiable, sin embargo, tener datos y no usarlos es como no tener nada. 

Los datos no bastan, sin voluntad política y social que los usen para transformar, son solo cifras que a nadie le importan, que se pudren en PDFs hasta la publicación de la ENVIPE el próximo año.

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